Continúa la duda sobre la
continuidad del proyecto del metro; los estudios y la primera fase de
implementación se llevaron a cabo en la anterior administración, así; a través
de la Ordenanza
Metropolitana 0237 del 27 de abril del 2012 se creó la Empresa Pública
Metropolitana Metro de Quito para el desarrollo del proyecto en cualquiera de sus fases. También; se aseguró
el financiamiento de acuerdo a los estudios presentados por Metro de Madrid por
un total de USD 1500 millones dividido de la siguiente manera:
- USD 750 millones como contraparte del Gobierno Central justificado sobre la base de externalidades (ambientales y productivas) y ahorro fiscal (subsidio de combustibles)
- USD 152 millones por parte del Banco del Estado
- Y USD 909 millones a través del Banco Europeo de Inversiones, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
Es evidente que las
organizaciones financistas previo a la aprobación de los créditos juzgaron la
propuesta viable tanto económica como técnicamente, caso contrario no habrían
comprometido estos recursos. Como mostramos a continuación el proyecto se
encuentra ya en ejecución; hasta ahora se ha avanzado en lo siguiente:
- Adjudicación de la Fase 1 del Metro el 1 de noviembre del 2012 a la empresa española Acciona Infraestructuras con un costo de USD 64.8 millones financiados por el Municipio de Quito y por el Gobierno Nacional cuya construcción está próxima a concluirse.
- Fiscalización de la Fase 1 del Metro a la Consultora COMINOSCA S.A el 21 de Febrero del 2013 por un valor de USD 2.207.130,54 más IVA
- Gerencia del Proyecto al Consorcio GMQ el 28 de marzo del 2013 con un costo de $15.356.104,40 y un plazo referencial de 45 meses.
- Ya en esta administración, el 4 de julio del 2014 se adjudicó la compra de “Material Rodante, Vehículos Auxiliares, Equipos y Herramientas de Taller y Lotes de Repuestos para la Primera Línea del Metro de Quito” a favor del Consorcio CAF Metro de Quito por un monto de USD 183.592.999 con un plazo inicial de ejecución de 28 meses
- Además, otras obras menores que incluyen el acondicionamiento de escombreras en la quebrada de San José de Nayón y en Solahuaico y la construcción de estaciones eléctricas en varios puntos de la ruta.
Como se ve la discusión, no gira
en torno a si se realizará o no el proyecto sino entorno a la continuidad del mismo
dando uso a los recursos ya invertidos. Desde campaña; la actual administración
cuestionó la viabilidad del proyecto, lo que indudablemente generó un impacto
indirecto sobre los costos de los oferentes que vieron que el proyecto podría
convertirse en una inversión de alto riesgo; luego tan sólo como resultado del
pedido de los oferentes se amplió el plazo de los trabajos en 6 meses para
pruebas de integración. Todas estas decisiones sumadas a otras como por ejemplo
la no inclusión del proyecto en el presupuesto del Municipio correspondiente al
año 2015 han sin duda elevado los costos indirectos de la obra y generado un
escenario adverso a su conclusión.
Finalmente la semana pasada el
Alcalde dio tibias muestras de que se continuaría con el proyecto haciendo
público lo que, con el optimismo que les caracteriza denominó una “propuesta
innovadora” para el financiamiento del déficit entre el presupuesto original y
las ofertas presentadas. La
propuesta incluye:
- Optimizar los costos por USD 112 millones; el ex gerente del Metro de Quito mencionó en El Telégrafo que durante su gestión se evaluó optimizar los costos por USD 130 millones.
- Ofrecer al Gobierno Central la posibilidad de comprar acciones en la Empresa Eléctrica Quito como aporte del Municipio de Quito al proyecto y que fueron sobrevaloradas en más de USD 90 millones de acuerdo con la información del Gobierno Central y que incluso así deberían ser considerada como apoyo del Gobierno Central de acuerdo con la última Ley de Régimen del Sector Eléctrico.
- Que el Gobierno central asuma cualquier ajuste económico que pudiera darse durante la construcción y que;
- El Gobierno Central entregue las garantías soberanas necesarias para que el Municipio de Quito asuma la inversión necesaria para el Sistema Integrado de Transporte Público.
En fin como se ve la propuesta de
la Administración Rodas se resume en lograr que el Gobierno Central asuma la
mayoría del déficit entre el presupuesto original y el presupuesto presentado
por los oferentes; es entonces una forma de endosarle el costo (económico y
político) al Gobierno de Rafael Correa a más de lograr que todos los
ecuatorianos (por que el dinero extra deberá provenir de impuestos) financien
la diferencia existente en los presupuestos. La propuesta no incluye ningún
rubro extra a los USD 750 millones originalmente comprometidos por el Municipio
a pesar de que la responsabilidad sobre la obra es exclusivamente municipal.
Reiteramos lo que hemos dicho en
varias ocasiones; para nosotros este proyecto es clave para la movilidad (no se
trata de una solución de vialidad) de la ciudad y cómo tal merece las mejores
“iniciativas creativas” de los funcionarios municipales para lograr financiar
el déficit entre lo originalmente presupuestado y las ofertas presentadas. Mas,
está claro que estas iniciativas no pueden ser endosarle el costo al Gobierno
de Rafael Correa; Mauricio Rodas y su administración deberán encontrar una
solución que acepte la responsabilidad exclusiva sobre el proyecto del
Municipio con el apoyo del Gobierno Central.
Finalmente, una pregunta para
aquellos quiteños que votaron por Rodas por no ser Rafael Correa (o su afín) ¿qué
piensan del burgomaestre que no ha podido presentar una propuesta donde la
solución sea municipal? y ha debido recurrir a solicitar el rescate del Estado
Central apegado a esa noción patriarcal de Estado alejado de la noción de
gestión descentralizada que se propone desde hace años en el país.
