Estimados lectores, hoy quiero escribir
sobre un tema que es clave en la ciudad y que es la contaminación auditiva. Es
innegable que el hecho de vivir en una ciudad cada vez más grande aumenta el
número de decibeles a los que estamos sometidos por el simple hecho de
transitar sus calles. Tal y como decíamos la semana pasada y lo hemos hecho en
varias entregas, la urbanización
acelerada de la ciudad tiene como resultado que en Quito los edificios
aparezcan de la nada. Tengo una amiga que vive cerca de la Universidad Católica
y me contaba que el nivel de ruido es tal, que resulta imposible descansar y
que en el Municipio en vez de dar soluciones han puesto todo tipo de trabas para
tan solo poner una denuncia. Con esto en mente me puse a investigar si nosotros
como ciudadanos estamos protegidos de alguna manera contra la contaminación
auditiva.
La
Ordenanza 3746 contiene las normas de arquitectura y urbanismo para el DMQ que
incluye el requerimiento de presentar planos, temas como equipamiento
comunitario y áreas de urbanización. De igual manera la Ordenanza 123 establece
los límites para la contaminación auditiva a los “efectos molestos y peligrosos
en las personas producidos por la contaminación generada por emisiones de
ruido” estableciendo que el Municipio puede, cuando proceda, establecer zonas
de restricción.
De igual manera, la Dirección Metropolitana
de Medio Ambiente debería determinar los medios y las máquinas que generan
ruido para luego controlar su horario de funcionamiento de acuerdo con el área
en el que se utilicen. Así la ordenanza establece que:
Para fuentes fijas, los niveles de presión sonora no podrán
superar los mencionados en el cuadro adjunto y deberán ser siempre medidos por
la Agencia Metropolitana de Control.
Por el contrario, para fuentes móviles
(vehículos y maquinarias de construcción) aplican otras medidas que también
deberán ser medidas constantemente por la Agencia de Control. Los
procedimientos de inspección por su lado no son tan claros y requieren una
serie de oficios por escrito tanto a los inspectores como a los
“inspeccionados”, sin embargo reconforta
saber que al menos en teoría estamos protegidos.
Ahora una vez más el problema recae cuando
se debe hacer esto realidad, pedir una vez más de la autoridad que haga cumplir
la norma y que realice las inspecciones de rigor no solo a las fábricas, si no
también a las construcciones nuevas a fin de garantizar que se cumpla nuestros
derechos y los quiteños y quiteñas podamos cumplir con nuestras horas de
descanso.
Rocío Pérez
