Son categorías que se aplican tradicionalmente al tema de la inmigración, pero pensamos que pueden aplicarse con igual resultado al tema del trabajo. La utilización de cualquiera de los dos términos definirá la reacción de la autoridad en su manejo. Por un lado el ser ilegal es un tema que no puede ser condonado y debe ser combatido con todo el peso de la ley; por otro lado hace que un acto o una transacción sea nula e implica que lo irregular es perdonable y puede ser “curado” luego de dar una nueva oportunidad. Como dictan las circunstancias de cada caso, lo irregular la mayoría de las veces es el incumplimiento de ciertos procedimientos o errores técnicos que no necesariamente requieren provisiones legales.
En relación con la problemática de la migración, la definición apunta a quitar la noción de “ilegalidad” a un acto que puede ser justificable sobre todo por el afán de escapar de una situación que pone en peligro a la persona; si se aplican los mismos conceptos aquellos trabajadores “ilegales” no están haciendo nada malo y no deberían llevar esa connotación de criminalidad que se asocia con la palabra ilegal. Irregular por otro lado es un tema más neutral, tomando en cuenta que la Constitución del Ecuador reconoce la figura del derecho al trabajo, parecería ser que aplica más la categoría de la irregularidad y no la de ilegalidad.
En el caso de Quito en los últimos días han habido varias protestas de trabajadores irregulares (taxistas y “tricicleros”) que abogan por el reconocimiento de sus puestos de trabajo, la discusión entonces apunta a ver la forma en la que la autoridad; en este caso el Municipio, deberá responder para revertir esta situación de irregularidad. En ningún punto sostenemos que se deberá regularizar la situación de todos quienes ahora protestan ya que no es posible y en la mayoría de los casos no es necesario, pero resulta evidente que al cambiar de categoría – de illegal a irregular – se abrirán más vías para discusiones que apoyen el resultado favorable para las dos partes, evitando así que se vulneren los derechos de quienes en este caso ejercen un trabajo.
La discusión como se ve, no es puramente teórica o semántica pues apunta a la posibilidad de velar por el cumplimiento de derechos para las personas y sobre todo la garantía que en este caso tiene que dar la autoridad para que esto suceda. El jueves pasado circulaba en redes un video del Alcalde de Quito saliendo del Municipio en el auto de vidrios polarizados, huyendo del diálogo (está claro que no tiene que ser él en persona quien reciba a los manifestantes, pero como máxima autoridad es responsable) con quienes estaban afuera de su oficina en el Municipio. Los taxistas irregulares han dicho que usarán una bandera roja como símbolo de protesta ante el incumplimiento de ciertas promesas de campaña del burgomaestre.
Lo único evidente aquí es que al jugar con la situación de irregularidad en la que se encuentran estos trabajadores únicamente para conseguir el apoyo en época de elecciones, está acarreando muchos problemas a la hora de tratar de poner en orden esta situación ahora que ya es autoridad.
Santiago Martínez
